Sigue la tormenta por nombramiento de Jorge Tovar como Coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior

Análisis Por

Una gran tormenta política se creó con el nombramiento de Jorge Tovar Vélez, como nuevo coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior, que actualmente dirige Alicia Arango.

Las opiniones en general han sido divididas, pero la oposición y varias organizaciones de Víctimas del conflicto armado, han señalado su descontento por varios motivos. El primero, y que salió a la luz pública de inmediato, es que se trate del hijo del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, quien fuera el comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y el segundo, y más importante, sus opiniones sobre los acuerdos de paz, considerar a su padre un preso político en los Estados Unidos, sus críticas a la Jurisdicción Especial de Paz, y en especial su rechazo a que los líderes de la Farc tengan curules en el congreso.

Por supuesto, el rechazo y el ruido ocasionado por el nombramiento, llevó incluso a que congresistas como Paloma Valencia del Centro Democrático, aceptaran que ellos que no hubieran nombrado a Jorge Tovar en el cargo, aunque añadió en entrevista a Semana que es un “mensaje positivo”, mientras criticó igualmente que los miembros de la Farc tengan curules en el Congreso.

Tormenta en la Farc

Pero entre todos los disgustos generados, airados debates en medios, y comunicados de rechazo, se destaca la tormenta al interior del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), luego de que su director Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, asegurara a medios: “Me ha quedado la impresión que es una persona comprometida con la paz. Yo en principio no tengo problema con ese nombramiento pero hubiera sido bueno que se concertara con todas las víctimas.”

Sus palabras provocaron que un grupo de excombatientes de las FARC, entre los que se cuenta Andrés Paris, Jose Marbel Zamora, Fidel Rondón o Santiago Ramírez, exigieran el retiro del cargo de Timochenko de la dirección de ese partido.

Estos rechazaron no sólo las declaraciones a favor del nombramiento de Tovar, además, rechazaron que Londoño aceptara como ciertos en un principio las versiones de las autoridades sobre un supuesto atentado en su contra, que sería llevado a cabo por tres exguerrilleros, versión que los firmantes de la carta consideran falsa, e incluso pidieron perdón a sus familias.

Según estos excombatientes: “La posición y opinión inconsulta de Rodrigo Londoño con los integrantes del partido y con las y los reincorporados, nos mata políticamente. Con sus comentarios fuera de todo decoro político, no solo afecta el proyecto político del partido FARC sino nuestras propias estrategias colectivas de reincorporación.”

Jorge Tovar pide una oportunidad

Mientras tanto el abogado Jorge Tovar asegura que no renunciará a su nuevo cargo, y ya tiene experiencia trabajando con otros organismos, trabajó en la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del César, y para un organismo internacional en temas de migrantes, también venía ejerciendo el cargo de asesor en el Ministerio entregando mercados a poblaciones vulnerables en la crisis por Covid-19.

Pero sus opiniones en redes como: “Mi papá, prisionero político en Estados Unidos, lleva 9 años de estar preso en ese país y no le han mostrado una sola prueba en su contra.”, seguramente van a provocar una gran presión sobre sus nuevas funciones.

Entre tanto, Tovar ha pedido una oportunidad, y que sea calificado por su trabajo y no por la imagen de su padre: “A esas víctimas quiero expresarles que vean en Jorge Rodrigo Tovar un aliado, una persona que al igual que ellos ha sufrido las consecuencias de la guerra.”

La gran pregunta es pensar si esto representa una oportunidad para la reconciliación en el país, donde familiares de victimarios, víctimas, e incluso excombatientes, pueden trabajar juntos por un país en paz, un interrogante que podría quedar desdibujado al observar la campaña que hizo Tovar a favor del presidente Iván Duque en la pasadas elecciones, y si no se trata todo de un favor político alejado de cualquier tipo de meritocracia que no tuvo el tacto de medir su impacto en la población víctima del conflicto armado.