Mientras en Colombia según el DANE en 2019 han llegado al país 773 mil venezolanos, y su desempleo alcanza el 19,2% (la tasa de desempleo en Colombia es del 10,7%), en Venezuela Human Rights Wacht (HRW) habla de más 18 mil personas muertas en manos de sus fuerzas seguridad desde 2016.
La situación en Venezuela, además de la fuerte crisis que vive el país, que incluye la mayor hiperinflación del mundo, desabastecimiento de productos básicos, e inseguridad, se le suma la fuerza letal que viven zonas pobres del país en manos de fuerzas estatales.
El régimen de Nicolás Maduro, según una investigación de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (AGNUDH), habla de varias ejecuciones extrajudiciales, y la concentración de los hechos en zonas empobrecidas del país donde ya no se apoya a la hoy considerada dictadura del chavismo.
Los hechos señalan a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), que solo en 2018, cobraron la vida a 5 mil personas, muchos de ellos jóvenes, lo que se suma a la difícil situación que vive el país en temas de Derechos Humanos.
¿Política internacional fracasada?
Estos anuncios contrastan con varias movidas internacionales para intentar cambiar la situación del país, entre ellas el apoyo al presidente interino de Venezuela y presidente del parlamento, Juan Guaidó, quien cerró las negociaciones con el régimen, mientras se publicaban sus fotos con “Los Rastrojos”, un grupo minoritario de la oposición firmaba un acuerdo con líderes chavistas, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, despedía a su asesor de seguridad, John Bolton, considerado uno de los cerebros de la estrategia de la Casa Blanca contra Maduro.
Para 2019, Colombia podría albergar a más de 2 millones de venezolanos, pero su llamado “cerco diplomático”, no parece tener efecto en la situación del vecino país, y las medidas para sacarlo de la crisis parecen infructuosas.
Mientras tanto, HRW incluye en su informe no solo las ejecuciones extrajudiciales, también “detenciones arbitrarias masivas, maltrato de detenidos, desalojos forzados, destrucción de viviendas y deportaciones arbitrarias.”, que incluyen además testimonios de familiares que desmienten que se trate de casos de criminales, mientras “Human Rights Watch no encontró evidencias de que las autoridades judiciales venezolanas hayan investigado adecuadamente ninguno de los casos documentados. Muchas víctimas tienen temor a sufrir represalias si denuncian delitos o no confían en que en las autoridades lleven adelante investigaciones.”
Ante este mar de excesos, crisis y grandes migraciones, la Organización de Estados Americanos (OEA), votó la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que tiene el triste precedente de lo ocurrido con la guerra de las Malvinas en 1982, donde a pesar de dicha activación, la Argentina fue brutalmente aplastada en búsqueda de mantener el control de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, ante la mirada de los Estados Unidos.
Es por eso, que ni el TIAR, ni el apoyo a Guaidó por parte del gobierno colombiano (que hoy recibe críticas por no cuestionar su asociación con el líder opositor luego de las polémicas fotos con líderes narcoparamilitares), ni las decisiones de los Estados Unidos contra ese país, parecen dar luz de esperanza a una salida.
Aunque países como México y Uruguay hablan de una salida negociada entre venezolanos, esto se ha intentado en repetidas ocasiones, siendo el intento en Barbados entre representantes de Guaidó y Maduro, el caso más reciente, con el apoyo de Noruega, pero sin éxito, y con el cierre reciente de ese intento como ya se mencionó.
Al apego al poder del régimen venezolano, los cuestionamientos a la oposición, y el nuevo desorden internacional para alcanzar una solución, queda la tragedia humana de millones de personas que se preguntan todavía ¿Hasta cuando?
